No ha habido olvido igual en democracia, quizá. La propia Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), reconoce que hasta 2023 ignoraba cómo mataron hace 45 años a Josefo. Así le llaman quienes sí le recuerdan. «#TalDíacomoHoy de 1979 fue asesinado por jóvenes ultraderechistas en el #Retiro José Luis Alcazo. Se encontraba despidiéndose de sus amigos, había acabado la carrera de Historia y se volvía a su pueblo. Segundo año que recuerdo a esta VT, hasta el año pasado la desconocíamos», escribió Ordóñez en Twitter el pasado septiembre.
Tampoco le han hecho justicia los libros de historia. José Luis Alcazo sólo es una nota a pie de página, para ser exactos de la página 666 de las 669 de El mito de la transición pacífica (Akal), la exhaustiva biblia y obra de referencia sobre la violencia política en España entre 1975 y 1982, escrita por la investigadora francesa Sophie Baby. Pese a que a Josefo, de 25 años, lo asesinaron 10 jóvenes ultraderechistas, que habían salido con bates de béisbol, palos y un nunchaku a «defender su zona nacional», según recoge la prensa de la época. Y aunque sí existen homenajes para otros que sufrieron igual destino durante aquellos años convulsos entre la rémora fascista y la España que nacía, como los Abogados de Atocha, Arturo Ruiz o Yolanda González, tampoco Madrid salvó a Josefo de la amnesia colectiva. Hasta ahora.
«Para la familia es una satisfacción el reconocimiento», destaca José Luis Oliva Alcazo, sobrino de la víctima, que responde al teléfono a GRAN MADRID desde Huesca. Duda sobre cómo podrá ayudar a este reportaje, porque él, con 39 años, «no había nacido cuando sucedió todo». 45 años después del crimen, el Ayuntamiento de Madrid descubrirá una placa conmemorativa este viernes. Al fin, se restituirá la memoria de Josefo, en el Paseo de Fernán Núñez.
Al grito de «ahora, ya», allí fueron asaltados Luis Canicio, Jesús Oyamburu, Luciano Sánchez, Mariela Quiñones, Marisol de Mateo y el propio Josefo, mientras paseaban la noche del 13 de septiembre de 1979. Por su aspecto con «barbas, vaqueros, camisas y zuecos», los agresores los tacharon «de extrema izquierda, drogadictos u homosexuales», según declararon a la Policía, atacando por la espalda a Luis y a Jesús desde unos arbustos. El primero cayó inconsciente y el segundo, con el brazo fracturado. Y Josefo, que acudió a ayudarles pero que, en la huida, tropezó con una valla, falleció de un derrame cerebral, a causa del traumatismo parietal originado por los golpes exacerbados de los atacantes. Sus bates tenía inscripciones con «¡Viva el fascismo!», todos eran hijos de militares de alto rango o vinculados al régimen y algunos pertenecieron a Fuerza Joven, las juventudes del partido Fuerza Nueva, aferrado a la continuidad franquista.
«No, no, no, Josefo no era políticamente activo. Era un joven de la época, con unos 4-6 años más que aquellos chavales, e iba con barbas, un poco la moda de la época, pero no era por significación política», aclara el sobrino. Recién recogidas sus calificaciones finales de Historia por la Universidad Autónoma, Josefo andaba esos días de mudanza para regresar al pueblo. Terminó olvidado, tras el juicio que, en 1983, sólo condenó a tres de los autores, sin que se disipase del todo cuánto había de terrorismo o de pelea, cuando aquel crimen es un símbolo mismo del terrorismo y del matonismo del momento -127 asesinados en 1979 por atentados políticos (la gran mayoría de ETA)-. Y es la encarnación de cuando la muerte puede alcanzar también al ajeno a la política simplemente por su aspecto. De hecho, la falta de una militancia que lo reivindicase ahondó en esa desmemoria, a diferencia de otros asesinados por jóvenes afines a Fuerza Nueva, como Miquel Grau Gómez (Moviment Comunista del País Valencià), Arturo Ruiz (militante de CCOO y de Joven Guardia Roja), Jorge Caballero (CNT) o los Abogados de Atocha (vinculados a CCOO y el PCE).
El plan de Josefo era trabajar en la explotación agrícola familiar, en Albero Bajo. Justo la que hoy lleva el sobrino que heredó su nombre: «Con gusto y orgullo, aunque tampoco me lo he planteado mucho», cuenta. «Evidentemente, han pasado muchos años, y que no estén mi abuelo, mi abuela y mi madre para ver este homenaje, pues creemos que llega tarde, pero bienvenido de todas maneras, por supuesto», celebra.
Agradece que «se haga justicia a su memoria» y que por fin sea un reconocimiento en público: «Estarán amigos y vecinos de su pueblo». Allí siempre estuvo muy presente. «Todos le han recordado siempre con gran aprecio y nos han hablado muy bien. Recuerdos de cantar, de comer, de reír. Trataba con todo el mundo». De hecho, el club social en su honor, fundado en 1981 sobre un solar donado por la familia Alcazo, continúa activo. «Se quiso hacer algo que perdurara y como él era así, muy abierto, lo creyeron oportuno y lo levantaron sus amigos y vecinos. Allí está todo documentado, con fotografías de la época. Como en todos los pueblos, ahora hay menos movimiento, pero siguen las actividades culturales, fiestas...».
Allí, con sus 111 habitantes, sí conocen a Josefo. Relatan que faltó sitio para los tantos que acudieron a su entierro. Igual que su sobrino, guardan «cierta responsabilidad de mantener vivo el recuerdo, porque el tema no se trató en aquella época como debía», lamenta el sobrino. Como incide Sophie Baby en su libro, «son muchas las vidas quebradas que han desaparecido de la memoria colectiva, trituradas bajo el peso del mito de la Transición». Y anota en ese pie de página que «en 1979, el Gobierno Civil de Madrid prohibió la celebración de un homenaje a José Luis Alcazo, muerto varias semanas antes como consecuencia de la intervención de unos militantes de extrema derecha».
De hecho, tuvieron que transcurrir 22 años para que Josefo fuese reconocido como víctima de terrorismo por el Estado. En diciembre de 2001, el Gobierno de José María Aznar le otorgó oficialmente ese estatus y la Gran Cruz de la Orden de Reconocimiento Civil. «Fue un acto [ya en 2002] muy informal y cerrado, en el Senado. Acudieron mi madre y mi abuela a recogerlo, pero no se pudo hacer un acto más abierto», se queja. Y entonces se suma a la conversación su padre, Pablo Oliva: «A la familia le supuso un alivio grande que se le diera el tratamiento de víctima del terrorismo. Fue un reconocimiento en el Senado de que no fue una lucha callejera, ni mucho menos». Añade el hijo: «No fue una riña, pero la familia ha tratado de salir adelante, que es lo que deben hacer las personas».
Porque el tratamiento judicial y mediático que recibió el asesinato de Josefo es el reflejo preciso del pulso político y cruento de la Transición, que tantas vidas se cobró y con memorias aún por recuperar. Con Radio Nacional tratándolo en sus primeras informaciones como una pelea de bandas o Abc incidiendo en la inseguridad del Retiro como la motivación que alentaba a los atacantes a sus batidas violentas de «justicieros», autodenominados como Los bateadores. «Fue una auténtica cacería perpetrada por los que no querían darse cuenta de que España no iba a renunciar ya a la senda constitucional y de libertades plenas», explica Andrea Levy, concejala del distrito de Retiro, donde se sitúa la placa de Josefo, con la que será «merecidamente recordado» y que pertenece al plan municipal Itinerario de la libertad.
«Es un compromiso con la historia y con la memoria de las víctimas», aclara, pese a que la oposición ha criticado que en 2024 se colocaron en Madrid más de 20 placas a fallecidos por terrorismo como el de ETA, pero ninguna de memoria histórica. «No hay víctimas de primera o de segunda», responde. «Todos son víctimas del totalitarismo y la barbarie de los que buscaban atemorizar desde el extremismo».
En aquella ocasión, los agresores, con la edad penal de 16 años o superior, fueron Miguel Cebrián Carbonell, José Miguel Fernández Martín, Emeterio Iglesias Sánchez, Gabriel Rodríguez Medina, los hermanos Ángel Luis y José Antonio Nieto García, Fernando Pita da Veiga Corral (sobrino del ministro de la Marina que dimitió al legalizar Suárez el PCE en 1977 y sobrino también del sacerdote que fue autor de abusos a menores en el Colegio Claret de Madrid, según reconoció la propia orden en 2021) y Eduardo Limiñana San Juan, responsable confeso del golpe fatal. Otros dos, Pablo Calderón Fornos y otro hermano Nieto García eran menores de 16.
Por lo que fueron encausados ocho, en un juicio abarrotado en la Audiencia Provincial de Madrid, con unos abogados defensores y una acusación que también escenificaron la fractura que aún goteaba en España. Según recoge eldiario.es en un artículo, por un lado, Marcos García Montes, antes de representar a famosos, y Gerardo Quintana y Ángel López-Montero, ambos ya conocidos por defender a golpistas del 23-F. Por el otro, María Paz Arenas, amiga de uno de los heridos, Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático penalista de la Autónoma, y Pablo Castellano, dirigente de Izquierda Socialista y diputado en el Congreso desde 1977. «Fueron momentos malos, hubo también amenazas de atentados de bomba con desalojo en el juicio y las penas pues se creyeron bajas. Pero cuando estás en una situación así, no por darle más vueltas va a cambiar. Tampoco somos jueces para saber lo que debería haber sido», valora Alcazo.
El fiscal pidió entre 27 y 6 años de cárcel por homicidio y la acusación particular entre 48 y 26 años, mientras que la defensa solicitó la absolución, excepto para Ángel Luis Nieto, al que responsabilizaba de un delito de imprudencia de 6 meses de detención. Finalmente, se resolvió con algo más de 10 años de privación de libertad para Gabriel Rodríguez, con unos 11 para Eduardo Limaña y más de 14 para Ángel Luis García, por ser el de mayor edad. Los tres fueron excarcelados antes de completar sus penas en la prisión de Zamora, por buen comportamiento. «Supongo que un pequeño porcentaje de jóvenes de aquella época eran herederos de ideologías radicales. Algunos pertenecían a familias muy ligadas al régimen y, entonces, cuando hay penas cortas tampoco sabes a qué se debe exactamente...», comenta el sobrino de Josefo, sin rastro de revanchismo.
Voces críticas apuntaron el intento de despolitizar lo ocurrido, camuflándolo de crimen común. «Era una época de tensión social y lo que se buscaba era enfriarla. Darle relevancia a estos acontecimientos no favorecía al clima que se buscaba, se podría decir así». A título personal, pues no se debatió en casa, analiza este licenciado en Políticas: «El momento político es muy distinto al de ahora. No veo que hoy sea posible una justificación de la violencia como pudo haber entonces».
Aunque señala Andrea Levy: «La historia ha demostrado que el olvido puede llevar a la repetición de la violencia y la polarización política. No hay que bajar la alerta, sino ser constitucionalmente proactivos», preguntada por los atentados de extrema derecha en Europa. «La memoria de cualquier atentado es esencial para la protección de la democracia, especialmente en España». Y la de Josefo perdura, pero ya más intensa: «He vivido el pesar de mis abuelos y mi madre, sin duda. Eso no se agota ni se extingue, eso es para siempre», sentencia su sobrino.